La regulación del uso turístico de las viviendas en la Ley de Propiedad Horizontal tras la LO 1/2025, de 2 de enero: tender el hilo de Ariadna en un laberinto interpretativo

Resumen

El régimen de los acuerdos de la Junta de propietarios para autorizar el destino de las viviendas a un uso turístico en la Ley de Propiedad Horizontal fue objeto de reforma por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Aunque se tiene en cuenta el interés de la comunidad, el fin último es reducir, dificultándolo, el número de arrendamientos turísticos para intentar que los inmuebles se dediquen al alquiler de vivienda permanente a precios asequibles. Un objetivo de política pública que utiliza a su servicio instrumentos de Derecho privado. Esta intervención legislativa deja abiertas varias cuestiones litigiosas heredadas de la redacción anterior y genera otras nuevas. Tratando de resolver ciertos problemas que suscitó la normativa precedente, incorporar jurisprudencia consolidada y acentuar las medidas restrictivas, incurre en algunas discordancias sistemáticas de las que el legislador no parece haber sido consciente y alumbra nuevas dificultades de interpretación.
Cuestiones como la del alcance retroactivo de la reforma, su aplicación a los locales o la articulación entre reglas estatutarias y autorizaciones individualizadas, son frentes que siguen abiertos. Sin olvidar el impacto del Reglamento (UE) 2024/1028 y del Real Decreto 1312/2024, que el Tribunal Supremo acaba de declarar parcialmente nulo, con implicaciones prácticas de gran calado. Nuestro pronóstico es que la litigiosidad se va a mantener o, incluso, incrementar. El presente artículo, tras contextualizar la reforma y analizar la situación resultante y sus principales problemas, ofrece una opinión argumentada sobre cada uno de ellos.

Palabras clave:

Vivienda, uso turístico, alquiler residencial, propiedad horizontal, derecho a la vivienda, problemas vecinales, arrendamiento de corta duración