La depuración republicana de funcionarios judiciales hasta el inicio de la Guerra Civil

Resumen

Inmediatamente después del fallido intento de golpe de Estado, encabezado por el
general Sanjurjo, el Gobierno de Manuel Azaña presentó en las Cortes un proyecto de
ley para separar de sus cargos a todos los funcionarios civiles o militares que fueran
considerados desafectos al régimen republicano. Esa ley, de 11 de agosto de 1932, se
vio complementada con la de 8 de septiembre de mismo año, por la que se permitía al
Ejecutivo acometer discrecionalmente la jubilación forzosa de los funcionarios de las
carreras judicial y fiscal, con independencia de su edad. Ambas leyes fueron objeto de
severas críticas, no solo por la oposición política, sino también por colectivos de profesionales
del Derecho, como los abogados, quienes vieron en ellas una clara amenaza
a la independencia judicial y una flagrante vulneración de derechos reconocidos constitucionalmente.
Con la llegada a la Presidencia del Consejo de Ministros de Alejandro
Lerroux, se fijó que uno de los objetivos prioritarios del nuevo Gabinete debía ser
la reposición en sus puestos de todos los funcionarios que habían sido apartados sin
que se les hubiera instruido expediente previo. Fruto de ello, fue la promulgación de la
ley de 13 de diciembre de 1934. Sin embargo, con el comienzo de la Guerra Civil se intensificó, nuevamente, la depuración de funcionarios, siendo los adscritos a la Administración
de Justicia unos de los más afectados.

Palabras clave:

Segunda República, jueces, fiscales, separaciones, jubilaciones forzosas, reposiciones